CARLIN
Todos los días se anuncian en los medios de comunicación sobre los conflictos, muertos que se sucitan en las cárceles venezolanas en donde reina el caos, se manifiesta la ausencia de controles adecuados, en donde impera el odio, la ira, la rabia, las mafias, la corrupción, tráfico de influencias, mafias.
Es preocupante los sucesos que se dan y la forma como se asessina, desde armas cortantes, de fuego y otros medios. Se no ta ausencia de autoridad , de un sistema penitencial ineficaz.

Al respecto muy bien lo comenta el profesor Nelsón Garrido,de la Universidad Central de Venezuela, que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2.000), en su artículo 272, “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos... contará con sus espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionará bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas... y se regirán por una administración descentralizada...”. Parafraseando esta misma Constitución, en su artículo 44, en toda comisión de delito se presume la inocencia, excepto por las razones determinada por la ley, por lo que la mayoría de los juicios son llevados a cabo con el imputado en libertad. No obstante, el Código Orgánico Procesal Penal (2.001) entiende, en su artículo 250, que a las personas se les podrá detener cuando un hecho merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre prescrita; cuando existan suficientes elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido víctima o participe en la comisión de un hecho punible o cuando haya peligro de fuga.
En este mismo aspecto el COPP establece ciertas disposiciones referentes a los beneficios procesales que puede gozar un imputado, en otras palabras, las reglas que ha de seguir el sistema de justicia cuando a un sujeto a se le ha permitido su juzgamiento en libertad, a pesar de que haya sido dictado la privación judicial preventiva de libertad. Asimismo la Ley de Régimen Penitenciario estipula los beneficios que se le pueden otorgar a un penado mientras este se encuentre en la cárcel, a saber, trabajo, estudio, entre otros y que genera, directamente, una conmutación de la pena.

Ahora, la realidad vivida en nuestros centros penitenciarios contradice la descripción jurídica - teórica expuesta anteriormente. Primero, la violación de los derechos humanos es evidente: hay hacinamiento, pues existen celdas comunales que albergan cuatro veces más sujetos de lo que permite su capacidad, además, no existen habitaciones, dentro de las celdas existen trozos de sábanas, llamadas “bugalús” que dividen el dormitorio; No hay servicios médicos, ni insumos para atender emergencias, de hecho, los médicos, psiquiatras y psicólogos contratados para estar a tiempo completo allí asisten solo dos veces a la semana; Nuestras cárceles además se encuentran en condiciones sanitarias deplorables: no hay sanitarios, existen letrinas, en el mejor de los casos, en otros un rincón de la misma celda funge como baño, entre otras calamidades.
El Gobierno Bolivariano debe tomar más seriamente el comportamiento, la administración de las cárceles, establecer los medios de copntrol adecuado que evitan todas las anomalías que se dan, castigar a los mismos funcionarios que se presten a la corrupción, permitan que estos climas se den.
Debe el Estado organizar medios de trabajo para aprovechar la fuerza laboral que permanece ociosa, rescatar a las personas del ocio, hacerlos productivos, compensarles sus esfuerzos, productividad. Se debe educar al prisionero, orientarlos psicológicamente si es necesario.
El Estado invierte una buena suma de dinero en mantener las cárceles, dinero que puede recuperar su inversión , buscando la manera de desarrollar actividades productivas, en donde los reos tengan participación.
Por último considerese además, lo señalado por Garrido, que los penados son víctimas de todo tipo de violaciones y de castigos, tanto por parte de la Guardia Nacional como por parte de sus propios compañeros, ejemplo de ello es el caso “del hueco”, en Tocorón donde los mismos reos colocan y entierran a otros compañeros en una fosa, de metro y medio de profundidad, y cuya estreches es evidente, pues bien, esta sanción se aplica cuando algún compañero ha roto el “código de las luces”, y lo que es peor todo esto ante la mirada indiferente de sus custodios. Tercero, el personal se encuentra poco o escasamente preparado para asumir esta tarea, a pesar de que en la Constitución de la república Bolivariana se establece que los profesionales que deben laborar deben ser penitenciaristas, pero la tendencia, en la mayoría de las cárceles, es dejar la custodia en manos de militares que se han formado para cumplir otra tarea o en manos de técnicos de escasa o dudosa preparación académica. Estos custodios (Guardias Nacionales) sienten que esta labor es como un castigo pues sufren, junto con el penado, las calamidades de las cárceles, además de que comparten su condena.

Se denuncia otro aspecto preocupante, que no se cumple con las reglas mínimas exigidas por la ONU, de hecho la calidad de vida dentro de las prisiones es cada vez peor, tanto para sus administradores como para los reos, ejemplo de ello se constata con la alimentación: el año pasado cada bandeja de comida estaba calculada por el orden de los 1.600 Bs., hoy ha sido recalculada en 1.300 Bs. por persona. Quinto, en las cárceles impera la ley del más fuerte, sea quien sea. Se observa la presencia de “bandas”, dueños de determinados territorios. Una visita reciente a los predios de Tocuyito demuestra esto ya que la Guardia Nacional indicaba “a este pabellón debe entrar con chaleco anti balas de lo contrario no respondemos”. Esta situación, junto a otras menos notables pero bien importantes hacen que la cárcel no cumpla con su fin: no resocializa, no rehabilita, no reeduca (paradigmas que son totalmente diferentes unos de otros pero que usamos sin distinción), de hecho, históricamente, nunca ha cumplido ni cumplirá con estas metas ella solo es “un depósito de seres humanos”... “nauseabundo, donde las personas están como muertas, con hedores pestilentes...”, tal y como lo describe O. Wilde.
En conclusión el gobierno Bolivariano debe prestarle más atención a ese cáncer social de las cárcelesen donde el caos se manifiesta libremente y lo que ello representa para un Gobierno que considera muy importante el que la Justicia, la equidad, la productividad sean valuartes dentro de su gestión