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El mensaje presidencial pareció anclado en un pasado trágico del que la inmensa mayoría del pueblo argentino ha aprendido valiosas lecciones y que, como señaló la primera mandataria, definitivamente no volverá.

Todos los argentinos, en algunos casos con sus propias vidas, han pagado caro aquellos errores que llevaron a la inestabilidad institucional, a enfrentamientos armados entre compatriotas y a salidas ajenas a nuestra Constitución.

Recrear hoy ese pasado apelando a antinomias superadas y a divisiones en la sociedad, con el velado propósito de acumular poder, sólo generará el efecto contrario al buscado.

Al margen de que la prensa puede cometer errores en sus apreciaciones, debe considerarse, por lo menos, como desafortunada la afirmación de la jefa del Estado con la cual comparó los tanques de otras tristes épocas de nuestra historia con los "generales multimediáticos" de hoy "que han hecho lock out a la información, cambiando y tergiversando".

Insinuar que quienes no piensan como el Gobierno son golpistas, además de una falacia que roza la calumnia, constituye un temerario ataque a la libertad de expresión. Lamentablemente, no es la primera vez que el matrimonio presidencial, que tiene todo el derecho a disentir y a cuestionar públicamente al periodismo, recurre a aquel insostenible argumento.

Es esencial que la titular del Poder Ejecutivo y quienes la acompañan en el Gobierno abandonen de una vez por todas la nefasta teoría de que sólo puede construirse poder a partir de antagonismos o antinomias, como si gobernar fuera el arte de buscar permanentemente enemigos internos o externos.

Es innegable la legitimidad de origen de la Presidenta, apoyada en las urnas por el 45 por ciento de los ciudadanos que concurrieron a sufragar en los comicios de octubre último. Tanto como que más de la mitad de los ciudadanos no la votaron y no por ello le deben menos respeto, del mismo modo que las autoridades elegidas tienen el deber de oír sus demandas.

Se equivoca la jefa del Estado cuando señala que la protesta rural configura un ataque a su persona y, mucho más, cuando mezcla allí su condición de mujer. Con esos gestos, la primera mandataria no hace más que sembrar innecesariamente dudas sobre las verdaderas intenciones de un reclamo básicamente sectorial y sobre su propia autoridad. Una autoridad que no se reafirmará con mensajes ante una plaza ocupada mayormente por militantes y personas arreadas por aparatos políticos, sino respetando mecanismos institucionales que el actual Gobierno suele considerar como meros procedimientos burocráticos que obstaculizan la toma de decisiones y, por tanto, innecesarios.

Muchos de los dramáticos episodios de las últimas tres semanas podrían haberse evitado si el Poder Ejecutivo hubiera respetado los mecanismos contemplados en la Constitución nacional.

Muy distinto hubiera sido todo si, como se hace en toda democracia avanzada, la política tributaria que dio origen al presente conflicto se trataba en el Congreso de la Nación.

Muy distinto hubiera sido todo si, como lo estipula la reforma constitucional de 1994, votada entonces por la actual Presidenta en su carácter de convencional, las autoridades nacionales de hoy o las que las antecedieron hubiesen impulsado el tratamiento de una nueva ley de coparticipación federal.

Muy distinto hubiera sido todo si el Congreso no hubiese delegado tantas facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, al contrariar la propia ley fundamental de la Nación para dar pie a cada vez más abusos en materia de políticas impositivas y de redistribución del presupuesto nacional por parte del poder central.

Muy distinto, en fin, hubiera sido todo si se respetara la forma representativa, republicana y federal que dispone nuestra Constitución.

Un poco más allá estaba Luis D Elía, otra vez en el palco de los influyentes, otra vez entrando y saliendo de la Casa de Gobierno, como el día antes lo había hecho en el Congreso. El Gobierno no ha tomado nota del daño político que ya le han hecho esos personajes, o ha decidido pagarlo con tal de instalar cierto temor en los sectores antikirchneristas de la Capital. Hay que suponer que no se propone atemorizar a los productores agropecuarios con Moreno, Moyano y D Elía; en tal caso, estaría exhibiendo un profundo desconocimiento de las características y la fortaleza de los hombres de campo.

Sabemos que el matrimonio presidencial es analista empedernido de los diarios. Gasta buena parte de las mañanas en esa tarea. La Presidenta lo ratificó ayer cuando perdió tiempo y energía en criticar al periodismo en un discurso que merecía mejores causas.

Hubo párrafos más injustos todavía, como cuando señaló que los argentinos viven por primera vez bajo un gobierno que respeta los derechos humanos. Quizá haya expresado mal otra idea también injusta, que consiste en creer que éste es el primer gobierno que revisó la historia de la dictadura. Sea como fuere, los argentinos viven bajo gobiernos que respetan los derechos humanos desde 1983.